Medios, política y poder
Los medios de comunicación instalan
temas políticos, económicos y culturales que generan debate en la opinión pública,
buscan legitimar esas noticias a través de su influencia tanto en la opinión
pública como con su estructura de multimedios. Por otro lado, están quienes no
creen en este efecto poderoso de los medios y aseguran que cualquier persona
con sólida identidad partidaria difícilmente cambie de opinión o de voto por el
simple hecho de ver noticias o anuncios que desafían sus creencias. Sin
embargo, la Ley de Medios Audiovisuales tiene antecedentes recientes y una gran
influencia en la Argentina actual y la de hace 35 años.
El gobierno militar armó la Ley 22.285 con dos objetivos
claros vinculados a evitar la concentración de medios y la irrupción de
capitales extranjeros en la comunicación de la Argentina. La sanción de una Ley
de Comunicaciones es una deuda histórica de la democracia porque no solo
arrastra en su contenido la censura y control del gobierno militar, sino que
también, muestra la intención privatista y liberalizadora de la década
menemista neo-liberal. Esta Ley sufrió modificaciones a lo largo de los años y rigió hasta el 2009.
La llegada de la nueva Ley de Servicios deComunicación Audiovisual (26.522), a la que se le modificaron más de 100
artículos, fue un punto de inflexión entre una época y la otra para los
multimedios y empresas de comunicación en Argentina. La “Ley de Medios” tiene
como objetivo desconcentrar los medios de comunicación, la promoción y garantía
de toda persona a generar y difundir informaciones e ideas. Lleva al federalismo
y la integración como estandarte.
“Cualquier Ley de la democracia es mejor
que una de la dictadura”, pero de la teoría a la práctica hay un largo camino,
hace 5 años que fue aprobada la Ley pero todavía no puede llevarse a cabo
plenamente. El grupo Clarín está en un tira y afloje permanente con el
gobierno. Por un lado, desde Clarín, afirmó que: “El Gobierno consideró
imprescindible sostener su poder a través de la más impresionante maquinaria
comunicacional montada en tiempos de democracia, con una amplia red de medios
oficiales y para-estatales, financiados con fondos públicos, orientados a atacar
a quienes no dicen lo que el poder de turno quiere que se diga.”
Por otro lado, “Los medios de comunicación tienen un
rol relevante en la opinión pública, por lo cual el Estado tiene un interés
incuestionable en regularlos. El interés de la comunidad está por encima del
interés privado.”, aseguraron desde La Corte Suprema de Justicia.
El Grupo Clarín presentó un plan de adecuación para
poder seguir contando con la misma cantidad de medios pero dentro del marco
legal y atacó contra el gobierno porque consideran que tampoco cumplen con la
nueva Ley. “El Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales
podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia
institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión
nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios",
articulo 75 de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
Al margen de esta lucha de poderes económicos y
políticos la Ley 26.522 tiene en su interior muchos puntos interesantes y
trascendentales para una mayor inclusión y diversificación de voces. Entre
ellos, el desarrollo de una industria nacional de contenidos que difunda y
promueva la producción nacional, la protección y salvaguarda de la igualdad de
género, el acceso a la información a personas con discapacidad y el
otorgamiento de licencias de forma directa a Universidades Nacionales, Pueblos
Originarios y a la Iglesia Católica.
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